Salarios por decreto y márgenes por presión

El pasado 10 de enero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó el siguiente tweet:

El presidente sugiere que los aumentos en seguridad privada o en la cuota de administración de edificios no deberían superar la inflación, acusa a las empresas del sector de obtener ganancias excesivas y exhorta a las asambleas de copropietarios a rechazar cualquier ajuste que refleje el incremento del salario mínimo. Todo esto ocurre después de un año con una inflación cercana al 5% y de un aumento del salario mínimo para 2026 del 23%, decretado por el gobierno, más de 4 veces superior al incremento de la inflación.

En sectores como la seguridad privada y la administración de edificios, donde la mano de obra es el principal costo, esa brecha es problemática. En este contexto, dichas empresas tienen dos opciones:

1. Trasladar el incremento del salario mínimo a los clientes mediante un aumento en el precio de sus servicios.
2. Absorber el incremento del salario mínimo (total o parcialmente), reduciendo sus utilidades.

Este es un trino desafortunado, que quiero explicar por partes:

Por favor no caer en arribismos.

Ajustar precios para cubrir costos no es arribismo. Es contabilidad básica. El arribismo real es fingir preocupación por los ciudadanos mientras se toman decisiones salariales irresponsables desde el poder y luego se culpa al sector privado por las consecuencias.

Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante.

Este es un argumento meramente retórico, diseñado para generar repudio hacia los empresarios. Si las ganancias en las empresas de vigilancia fueran así de grandes, el mismo sistema capitalista y de libre mercado (que hoy opera parcialmente en Colombia) ya se habría encargado de reducir esas ganancias a través de la competencia. A menos que exista un oligopolio en esta industria (improbable, dado que hay muchas empresas de seguridad privada en Colombia), o que el mercado esté distorsionado por alguna otra razón (¿la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por ejemplo?).

Tomen el índice de inflación como base. Rechacen elevar el costo al salario vital.

Esto es aceptar que la diferencia entre el salario mínimo y la inflación es enorme, y a la vez sugerir que los empresarios son quienes deben absorber dicha diferencia. Este es un punto de vista válido, pero poco realista. Crear una empresa implica asumir riesgos, invertir tiempo, recursos y esfuerzo. Si los empresarios se ven obligados a bajar sus márgenes de utilidad por decreto, muchos de ellos preferirán cambiar la forma como opera su empresa, dejar de reinvertir las utilidades, o cerrar.

No caigamos en el mismo error que el presidente Petro. Este no es un problema de lucha de clases, sino de lucha de intereses. Si el discurso oficial logra que el país vea a los empresarios como enemigos, entonces ¿qué nos espera? ¿Que el mayor generador de empleo sea el Estado? ¿Que el Estado pase de fijar unos precios mínimos (como el salario mínimo y la tasa de usura) a fijar unos precios exactos?

La postura del gobierno de Gustavo Petro es paternalista y controladora. Asume que los ciudadanos no son capaces de tomar decisiones racionales por sí mismos y que el Estado debe intervenir para "corregir" precios y regular servicios. Yo prefiero un Estado mínimo, que respete la libertad de los ciudadanos y de las empresas, incluso cuando esas decisiones no le gustan al gobernante de turno. Un Estado que fija salarios, presiona precios y señala enemigos económicos termina asumiendo responsabilidades que no puede cumplir y destruyendo los incentivos de mercado que hacen que la economía funcione. Tratar a la sociedad como a un menor de edad no genera justicia ni prosperidad; genera dependencia e informalidad. Si queremos mejores salarios, mejores servicios y menor desigualdad, el camino no es más control y más discurso moral, sino más libertad, más competencia y más responsabilidad individual.