Impuestos y control

El crecimiento del Estado y de la deuda pública es un fenómeno recurrente en la mayoría de las democracias del mundo. Más allá de explicaciones ideológicas, existe un problema estructural común: la desconexión entre las decisiones de gasto estatal y el costo que deben asumir quienes lo financian, los contribuyentes.

Los ciudadanos tienen pocas herramientas para controlar el tamaño del Estado y el crecimiento de la deuda pública. Los políticos, que en campaña prometen no hacer reformas tributarias en caso de ser elegidos, no cumplen dichas promesas. Por eso es necesario un mecanismo simple, automático y difícil de evadir, que permita a los votantes controlar el tamaño y el gasto gubernamental.

Lo que propongo ante este problema es una solución simple: los impuestos deben ser la única fuente de financiación del Estado. Esto crea una relación directa entre el tamaño (y el gasto) del gobierno, y el costo que pagan los ciudadanos para mantenerlo. El objetivo central de este mecanismo es que ese costo se sienta como un dolor directo e inmediato por parte de los contribuyentes. Para que este vínculo sea real, los impuestos deben ser directos y visibles para quien los paga. Esto implica que crear nuevos ministerios, aumentar la nómina pública o lanzar nuevos programas se vuelve impopular por definición. Obliga a justificar cada peso adicional de gasto frente a quienes lo financian.

Para que este mecanismo funcione, los impuestos deben aplicarse a toda la población que devengue ingresos, sin excepciones ni exenciones. Esto es fundamental, dado que si el Estado puede subir impuestos de forma selectiva, el costo político desaparece y el gasto vuelve a ser subsidiado por unos pocos. Sólo cuando todos sienten el dolor de pagar más, el crecimiento del Estado enfrenta un límite real.

¿Y la deuda? ¿Puede el Estado emitir deuda para aumentar el gasto?

Sí, pero dado que la única fuente de financiación son los impuestos, al adquirir deuda el Estado estaría obligado a aumentar los impuestos. La deuda no elimina el dolor, únicamente lo posterga. En este sentido, es imperativo que el Estado no tenga empresas ni controle monopolios, ya que esos ingresos paralelos permiten financiar al gobierno sin pasar por los impuestos, ocultando el costo real de mantener el Estado, lo cual rompería la disciplina fiscal y eliminaría el control ciudadano.

¿Y qué debería ocurrir cuando hay una recesión?

Ante una recesión el gobierno tiene dos opciones. La primera es aumentar su gasto. Si lo hace, (bajo este esquema) debe aumentar impuestos, profundizando la caída del consumo y ahogando aún más a los ciudadanos. La segunda opción es reducir su gasto. Al hacerlo, los impuestos bajan y se libera capacidad de consumo, permitiendo que la economía se ajuste por medio del gasto individual y la inversión privada, no a través del gasto público.

Este mecanismo elimina la ilusión de que el Estado puede "estimular" la economía sin costo. Toda decisión tiene un precio, y ese precio lo pagan todos, de forma inmediata y visible.

Cuando cada decisión de gasto se traduce en un costo directo para los ciudadanos, los incentivos políticos se corrigen. Las promesas desconectadas de la realidad fiscal se vuelven inviables y el populismo deja de ser rentable. En ese contexto, el control del tamaño del Estado, del gasto y de la deuda vuelve a estar en manos de quienes lo financian.