El cierre de RTVC

RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) es el sistema de medios públicos del país. Su existencia se justifica, al menos en teoría, bajo la idea de que el Estado debe garantizar espacios de información, cultura y educación accesibles para todos. En la práctica esta entidad funciona más como un instrumento político que como un servicio al ciudadano.

El pasado 16 de septiembre de 2025, la periodista Ana María Mesa Villegas, con casi doce años de trayectoria en Radio Nacional (emisora de RTVC), denunció que su contrato de prestación de servicios (OPS) no fue renovado justo después de publicar una columna crítica al presidente Gustavo Petro. Es decir, un medio estatal censuró a una periodista por expresar una opinión incómoda para el gobierno.

Para un presidente que se presenta como la voz del cambio, de las minorías y de los sectores históricamente excluidos, estos hechos son difíciles de conciliar con su discurso. Un gobierno que se presenta como defensor de la justicia social no puede recurrir a mecanismos que terminan silenciando a quienes lo critican.

Sin embargo, aquí no terminan las contradicciones del presidente y su gobierno. Gustavo Petro ha sido claro en su rechazo a los contratos de prestación de servicios (OPS). Afirma que son una forma de precarización laboral y que deben eliminarse progresivamente. Sin embargo, las entidades bajo su dirección siguen empleando este tipo de contratos de manera masiva, incluyendo a RTVC. Si el gobierno considera que este tipo de contratación es injusta, ¿por qué ha sido el gobierno con más contratos de prestación de servicios de la última década?

Pero más allá de la incoherencia política y laboral, surge una pregunta de fondo: ¿por qué Colombia sigue destinando recursos públicos a RTVC? Según la contraloría, el presupuesto de esta entidad para 2023 fue de aproximadamente 308 mil millones de pesos (83 millones de dólares). Esta cifra es difícil de justificar cuando el país enfrenta problemas urgentes que afectan a millones de personas, tales como: inseguridad urbana y rural, carreteras en mal estado, falta de acueductos, desabastecimiento de gas, déficit fiscal, etc. En ese contexto, sostener un megáfono estatal parece menos una necesidad pública y más un lujo político.

Sumado a esto, Colombia no carece de medios de comunicación. Tiene una oferta amplia de cadenas privadas de radio y televisión, una prensa robusta y, quizá más importante, acceso generalizado a internet. Hoy cualquier persona puede abrir un canal en YouTube o crear un podcast en Spotify. Nunca en la historia había sido tan fácil expresarse, difundir ideas y mantenerse informado sin depender del Estado. En ese contexto, RTVC no es necesario como altavoz ni como fuente de información.

Por eso, mantener RTVC ya no tiene sentido. Su existencia no garantiza pluralismo ni independencia. Al contrario, crea un riesgo permanente: que el gobierno de turno lo utilice como aparato de propaganda pagado con los impuestos que usted y yo estamos obligados a contribuir. En un país con tantas necesidades urgentes, usar miles de millones de pesos para sostener un instrumento de propaganda estatal es una decisión indefendible.

Colombia no necesita un medio estatal para que sus ciudadanos se expresen. Necesita seguridad, infraestructura, educación, justicia, etc. Colombia ya no vive en una época donde el Estado debe llenar un vacío informativo. Es momento de cerrar RTVC y destinar esos recursos a los problemas estructurales del país.